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FUSIONES DE CAJAS O COMO NO DESPEDIR DIRECTIVOS Y QUE SOBREN EMPLEADOS

Posted on: 13 diciembre, 2009


Ahora cajas de ahorros y cajas rurales se han lanzado a lo que denominan fusiones virtuales, compartiendo fondos en bancos comunes pero manteniendo sus estructuras de poder. Es decir, que para ellos no sobran los grandes directivos con grandes sueldos, sino sólo los trabajadores de las oficinas que se solapan en tal o cual zona, con lo que el ahorro en las estructuras comerciales será mínimo, el número de despidos máximo y los usuarios seguiremos pagando comisiones abusivas mientras ellos se benefician del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria.

Esto pide a gritos una actuación inmediata del Banco de España prohibiendo los SIP. Si quieren fusiones que sean mediante absorción o integración de entidades que se solapen lo menos posible, para garantizar el empleo en las mismas y que sólo sobren grandes directivos, produciendo ahorro en las estructuras comerciales y de mando, y que, además, tengan obligación de reducir las comisiones a los usuarios si quieren beneficiarse del FROB, y, si estan obligadas a reinvertir capital en sus zonas de referencia, que se reinvierta en cada zona en función del porcentaje de capital con que la entidad de referencia de dicha zona participa en la nueva sociedad.
Por otro lado, el Banco de España debería exigir que, por cada oficina que se cierre, al menos el 75% de su plantilla sea reubicada, aunque sea en una provincia limitrofe. Para ello se podría obligar a abrir en provincias limitrofes el 75% de las oficinas que se cierren y a que, el banco o caja bonificase a los empleados que voluntariamente cambiasen de provincia con el 75% del alquiler que tuviese que pagar por cambiar de residencia a dicha provincia o 0.25 € por kilometro recorrido en cada desplazamiento desde su residencia hasta su nuevo destino.
Las noticias en que comente algo a este respecto son:
24 Noviembre 09:
Por otro lado, habría que controlar también los abusos que cometen las entidades, para evitar que se den casos como estos: 
1º El de un camionero que ha perdido todo por no poder pagar una deuda de menos de 2.000 euros al no poder cobrar unos pagarés que le debían. Pienso que el gobierno debería de obligar a los bancos ya a dar una moratoria  de 2 años en todos los prestamos a los que se han quedado sin trabajo, en los que solo se pagasen los intereses y no el capital. Y repercutir las deudas de pagarés sobre el firmante de modo exclusivo y, si no paga, que sea el estado quien se persone contra el como acusación por estafa y no le toque pagar al pobre al que le han estafado.
2º Si tienes 2 prestamos distintos.. uno hipotecario y otro personal, la entidad bancaria siempre se hace cobrar del prestamo personal, para que te pases 3 meses sin pagar el hipotecario y poder embargarte, que fue lo que le intentaron hacer a mi padre en su momento. Unicaja le denegó una linea de refinanciación ICO de un prestamo personal, cosa que tuvo que solicitar debido a la mala campaña agricola (se nos helaron los cultivos), de modo que se paso 2 meses sin poder pagar la hipoteca porque le cobraban las letras de un prestamo que tenia que haber sido refinanciado. Por suerte la administración y los sindicatos actuaron a tiempo, si no nos embargan la casa porque los de Unicaja querian embargarla, no porque mi padre no cumpliese los requisitos para acceder a dicha financiación, porque para un banco es muy jugoso hacerse con una vivienda de 100 metros cuadrados edificada sobre 100 de solar en zona urbana por una deuda de 1200 euros, que, para colmo, ellos te provocan al negarte una linea de financiación que están obligados a conceder, cobrándote la deuda del prestamo a refinanciar en vez de las letras de la hipoteca. Por eso, el Banco de España debería de sancionar a todas aquellas entidades que dificulten el acceso de sus clientes a líneas por un importe equivalente al triple del capital a refinanciar. Así se lo pensarían dos veces antes de hacerle la envolvente a un humilde trabajador.
Mis comentarios en esta linea se pueden encontrar en:
En cuanto a las comisiones de mantenimiento de cuentas, no es normal que a un pobre le cobren 28 euros al año como hace Unicaja o los 16 euros al año que cobra Caja Granada y que alguien que tiene 100.000 euros en la entidad este libre de comisiones. El Banco de España debería regular estas comisiones para prohibir que fuesen superiores a 10 euros. O eso, o los clientes cambiarnos a las cajas rurales, como Cajamar, que no cobran casi comisiones y, si las cobran, es de un importe mínimo, ya que al ser un grupo cooperativo están obligados a reinvertir el dinero en la propia empresa y en disminuir los gastos de mantenimiento a sus clientes.
Y otra cosa que tampoco es normal es que, además de que nos cobran por disponer de tarjeta de débito (entre 6 y 10 euros al año), también tengamos que, porque tendremos que hacerlo a la vista de que los comercios han decidido repercutir al cliente el sobreprecio que les supone a ellos que paguemos con tarjeta en vez de efectivo, pagar un sobreprecio del 1% del valor de nuestra compra en los pequeños comercios, porque las entidades les repercuten estos gastos a estos pequeños comercios y, en cambio, no se los repercuten a las grandes cadenas comerciales. El Banco de España debería actuar ya sobre este abuso al pequeño tejido empresarial por parte de los bancos, eximiendo a todo comercio de su pago, ya que, si no se exime de esto, el comercio tendrá que repercutir dicho gasto al cliente que compre con tarjeta, por lo que se incurriría en una doble imposición al cliente, al tener que pagar mas por usar un medio de pago por cuya disposición y uso ya pagamos a la entidad bancaria, cosa que es del todo ilegal y que debería ser investigada pues podría concurrir en dicha actividad un delito de estafa (al usuario de tarjeta) así como otro de financiación irregular de la entidad crediticia (al ser responsable de imponer al cliente un doble pago por un servicio que se presupone prepagado al pagar el cliente por la correspondiente tarjeta de débito). Suponiendo además una discriminación que atenta contra el Artículo 14 de nuestra constitución, pues el que no paga con tarjeta no debe de pagar ese 1% de sobrecoste, y dicho articulo enuncia que "Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" y el medio de pago de que dispones en un momento determinado para efectuar una compra es una circunstancia personal de las que ampara dicho articulo.
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